¡EL LEVANTAMIENTO DE LA CLASE TRABAJADORA EN FRANCIA!

Luis Pita González. - PCE Exterior Francia.

El 10 de enero 2023, Elisabeth Borne, primera ministra presentó a la prensa y a los sindicatos el proyecto de ley sobre la reforma de las jubilaciones en Francia.

El ejecutivo francés no negoció, ni se reunió con los sindicatos franceses, sólo les informó de su proyecto, sin que los sindicatos tuvieran la posibilidad de expresar sus enmiendas o sus exigencias. El gobierno dijo que no había nada que negociar. El proyecto no modificable y concluyo su presentación añadiendo que la situación de la deuda de Francia, el 113,7% del PIB no permitía ninguna modificación del proyecto de ley. Esa actitud del gobierno provoco la ira de todos los sindicatos, de toda la clase trabajadora. Sobre todo, el artículo 7 del texto que impone la edad de jubilación a los 64 años y no a los 62 como era la norma hasta ahora.

Además, 64 años como 62 es solo la posibilidad legal de solicitar la pensión. Para conseguir una pensión plena, a partir de ahora habrá que cotizar 43 años para los que se incorporen en el mercado laboral a los 20 años, 43 años y 3 meses de 18 a 20 años y 44 años para los que empezaran su vida laboral entre los 16 y 18 años.

Sabiendo que el 65% de los trabajadores que obtienen su primer empleo tienen alrededor de 23 años y el 20 % entre 24 y 26 años, muchos de estos trabajadores se verán obligados a trabajar hasta 69 o 70 años para tener una pensión completa.

Por todas estas razones, la clase trabajadora se levantó para rechazar ese proyecto de ley.

Desde el 19 de enero, primer día de protesta, millones de trabajadores, estudiantes, hombres y mujeres recorren las calles de todas las ciudades francesas exigiendo al gobierno y obviamente al presidente de la República que retire el proyecto de ley, sobre todo cuando todos los sondeos de opinión indican que 93% de la población activa está en contra del proyecto de ley.

No solamente, el gobierno no quiso retirar el texto, sino que organizo una marcha forzada para que fuese adoptado de manera rápida, imponiendo en la Asamblea Nacional francesa un debate parlamentario de 20 días conforme al artículo 47-1 de la constitución. La oposición no pudo presentar sus enmiendas. Un proyecto de ley de esa importancia requiere tiempo para que todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento puedan debatir con serenidad. El gobierno minimizó completamente la voz de los representantes del pueblo. Después el texto fue mandado al senado, compuesto mayoritariamente por senadores de derecha y del partido de Macron, en el senado, fue votado y aprobado.

Sin embargo, en la Asamblea Nacional en donde el proyecto de ley se tiene que adoptar de manera definitiva, Macron, temiendo un voto en contra, no permitió a los diputados y diputadas que votasen.  La primera ministra que siguió las instrucciones del presidente de la República, utilizo el articulo 49-3 de la constitución francesa que permite de adoptar un decreto ley sin voto del parlamento.

Esa decisión sobre un texto tan importante que condiciona el futuro de los pensionistas franceses es percibida como un desaire que ofende a la soberanía del pueblo francés.

Este pasado jueves 23 de marzo, casi 4 millones de trabajadores manifestaron en toda Francia, el 28 de marzo, una nueva jornada de protesta ya está anunciada. La única respuesta de Macron es por el momento la violencia policial.

El 23 de marzo fue la novena jornada de protestas y manifestaciones en todo el país. Las anteriores, fueron un ejemplo de pacifismo como lo subrayaron todos los analistas de los movimientos sociales. Sin embargo, este 23 de marzo, hubo una violencia policial que sorprendió hasta periodistas de medios de comunicación, incluso cercanos ideológicamente del gobierno. Algunos sindicatos piensan que se trata de una nueva estrategia para desacreditar la lucha de la clase trabajadora.

Dentro de 3 semanas, el consejo constitucional tiene que validar o invalidar este decreto ley.

Después, queda un proceso lanzado por 252 Diputados y Senadores que consiste en una recogida de 4,7 millones de firmas a recoger durante 9 meses y si el Consejo Constitucional lo permite: convocar por el presidente de la República un referéndum de iniciativa compartida que de la palabra al pueblo.

Por el momento, toda la clase trabajadora de esta país esta levantada para imponer al gobierno la retirada de su Decreto Ley.